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Perspectiva del SADTU sobre el papel de los profesores en la protección del derecho a la educación

Visión general

Hoy nos reunimos aquí humildes ante el recuerdo de aquellos hombres y mujeres que dieron su vida por nuestra libertad, profundamente conscientes de la gran responsabilidad que tenemos de hacer realidad sus sueños.

A veces nos hemos quedado cortos, a veces hemos cometido errores, pero seguimos firmes en nuestra determinación de construir una sociedad libre, igualitaria y en paz.

Nuestra historia nos dice que cuando estamos unidos en la paz y la fe, podemos vencer todos los obstáculos y convertir nuestro país en un lugar en el que todos nos sintamos libres, seguros y cómodos.

Con ese espíritu abordamos ahora el momento presente.

Nuestro país se enfrenta a una cruda realidad.

Nuestra economía no ha crecido a un ritmo significativo desde hace más de una década.

Aunque se crean puestos de trabajo, la tasa de desempleo se agrava.

La recuperación de nuestra economía se ha estancado porque la persistente escasez de energía ha perturbado las empresas y la vida de las personas.

Varias empresas estatales se encuentran en dificultades y nuestras finanzas públicas están sometidas a fuertes presiones.

Nuestra gente soporta esta carga, enfrentada al aumento del coste de vida, al desempleo, incapaz de escapar de la pobreza, incapaz de desarrollar su potencial.

Pero, al mismo tiempo, hay otra parte de nuestra realidad.

Es la realidad de una población joven que tiene más acceso que nunca a la educación y que obtiene resultados cada vez mejores.

Es la realidad de 2,4 millones de niños en Desarrollo de la Primera Infancia (ECD por sus siglas en inglés) y preescolar.

Se trata del 80% de los alumnos que se matricularon el año pasado, con una proporción cada vez mayor procedente de escuelas rurales y municipales.

Nuestra realidad es también la de los 720.000 estudiantes que el año pasado recibieron financiación estatal para centros de enseñanza y formación técnica y profesional (EFTP).

Imperativos políticos


El artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a una educación gratuita de calidad y que la enseñanza elemental es obligatoria. Esto concuerda con el apartado 1 del artículo 29 de la Constitución sudafricana, que consagra el derecho a una educación básica y el derecho a una educación superior. El derecho a la educación es un derecho humano y la educación es un medio indispensable para poder cumplir con otros derechos humanos. Como derecho de empoderamiento, la educación es el vehículo principal por el que los adultos y niños marginados pueden salir económica y socialmente de la pobreza y obtener los medios para participar plenamente en sus comunidades. La educación desempeña un papel vital en el empoderamiento de la mujer, la protección de los niños contra la explotación laboral y sexual, la promoción de los derechos humanos y la democracia, la protección del medio ambiente y el control del crecimiento demográfico. Cada vez más, se reconoce que la educación es una de las mejores inversiones que pueden hacer los Estados. Pero la importancia de la educación no es sólo práctica. Una mente bien educada, ilustrada y activa, capaz de vagar libre y ampliamente, es una de las alegrías y recompensas de la existencia humana.

Promover la educación como derecho humano y bien público

 

La educación de calidad nutre el talento y la creatividad humanos, contribuyendo así al desarrollo personal y profesional del individuo, así como al desarrollo social, cultural, económico, político y medioambiental de la sociedad en general. En este contexto, el gobierno debe ser el garante y el principal proveedor de los sistemas educativos y, como tal, tiene la responsabilidad clave de garantizar que la educación gratuita y de acceso universal esté bien dotada de recursos y se actualice y desarrolle constantemente. Mediante la recaudación de fondos a través de impuestos progresivos, puede y debe invertir una proporción sustancial del presupuesto estatal en educación. Dicha inversión debe garantizar el desarrollo equilibrado de todos los sectores de la educación, desde la educación de la primera infancia hasta la educación superior y el aprendizaje a lo largo de toda la vida. El Estado, en cooperación con los sindicatos de docentes, debe supervisar y regular el sector educativo y aspirar a mejorar constantemente su calidad, estableciendo y aplicando un marco legislativo que garantice un servicio de alta calidad, normas profesionales, acceso para todos y un sistema de gobernanza representativo. En resumen, el Estado es responsable de la financiación, provisión y regulación de todas los centros educativos.

Mejorar la calidad de la educación

 

Todo ciudadano tiene derecho a una educación de calidad. Proporcionar una educación de calidad que responda a las aptitudes y necesidades de los estudiantes será un reto primordial para el aprendizaje a lo largo de toda la vida, desde la educación infantil hasta la educación superior. SADTU define la educación de calidad en términos de contexto y cultura. La calidad no es unidimensional ni directa. La educación de calidad se define por sus aportaciones (como los antecedentes de los estudiantes, las cualificaciones de los profesores, las condiciones de trabajo, el tamaño de las clases y la inversión en educación); por el proceso educativo (como la enseñanza, la crianza y los procesos de aprendizaje relacionados) y por los resultados previstos (como las necesidades individuales, sociales, culturales, económicas y medioambientales). Un enfoque contextual de la calidad nunca es determinante, pues depende de la creatividad y el desarrollo constante.

No se puede subestimar la importancia de una enseñanza de calidad para una educación de calidad. Para ello, los profesores de todos los niveles educativos deben estar debidamente formados y cualificados. Los profesores deben continuar su desarrollo profesional tras su contratación a través de un periodo de iniciación a la profesión con el apoyo de un mentor y deben tener acceso, durante toda su carrera a un desarrollo y aprendizaje profesional continuo de alta calidad. El Estado debe ofrecer estas oportunidades sin coste alguno para los profesores. El entorno de enseñanza y aprendizaje debe diseñarse de manera que apoye a los profesores y empleados de la educación en sus misiones. El Estado debe proporcionar la infraestructura y los recursos necesarios para este entorno.

SADTU cree que los profesores deben mantener un alto nivel profesional y rendir cuentas a la sociedad.  Las normas profesionales deben establecerse con la plena participación de la profesión docente. Los profesores deben sentirse seguros de que tanto sus normas profesionales como su desarrollo profesional son pertinentes para su labor docente. El Estado debe garantizar que las escuelas dispongan de un marco curricular amplio y equilibrado que establezca derechos y responsabilidades comunes para todos los alumnos. El marco debe ser lo suficientemente flexible como para permitir a las escuelas adaptarlo a las necesidades de todos sus alumnos. Las propias escuelas deben ser responsables de adaptar el marco curricular a las necesidades del contexto social pertinente.

Promover la igualdad mediante una educación integradora

 

Es responsabilidad del Estado garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a una educación de alta calidad adecuada a sus necesidades. Apoyándose en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en una serie de instrumentos internacionales, multilaterales y políticas nacionales, SADTU sostiene que deben eliminarse todas las barreras a la educación para hacerla accesible a todas las personas, independientemente de su sexo, procedencia o características personales.  Por lo tanto, SADTU promueve el concepto de igualdad de oportunidades y de acceso a todos los niveles educativos. Nadie debe verse desfavorecido por algún tipo de diferencia como las basadas en el género, la raza, la etnia, la orientación sexual, la fe, el entorno cultural o económico o las características personales. Las personas con discapacidad deben recibir ayuda para alcanzar su máximo potencial.

La educación inclusiva significa que todos los alumnos deben ser educados juntos, con el mismo nivel de exigencia, en la medida de lo posible en el mismo centro educativo, independientemente de su sexo, credo, origen étnico, cultural o económico o de sus capacidades físicas o intelectuales. Sin embargo, SADTU reconoce que, para garantizar las mejores oportunidades para que algunos estudiantes desarrollen su máximo nivel, podría ser necesario proporcionar centros y servicios separados. Es especialmente importante que exista una estrecha relación entre las instalaciones especializadas y las ordinarias que permita compartir conocimientos y competencias pedagógicas y fomente la colaboración institucional. La experiencia educativa de los alumnos debe inculcarles conceptos de igualdad, tolerancia y respeto a la diversidad.

SADTU cree que las cuestiones relacionadas con el género son un aspecto central de la educación inclusiva, ya que afectan a todos los participantes en la educación. Desde la etapa más temprana posible, deben cuestionarse y eliminarse de la educación todas las formas de estereotipos de género. El Estado debe promover la plena participación de niñas y mujeres, niños y hombres en la educación a todos los niveles. También deben ser receptivos a las cuestiones de género en relación con los logros, el empleo, la contratación y la gobernanza en la educación. Las instituciones educativas y los sindicatos deben promover estrategias globales de integración de la perspectiva de género.

Preservar los derechos de un niño infectado por el VIH

 

Impartir educación sexual a los niños en función de su edad y nivel de madurez. Informar a los niños sobre el VIH/SIDA. Cómo se propaga y afecta a un individuo, y cómo podemos evitar que siga propagándose. Crear un entorno propicio en el aula para que los niños infectados y afectados no sean estigmatizados.

Acoger a los niños con discapacidad

 

Prevenir actitudes estereotipadas negativas sobre los niños con discapacidad evitando palabras negativas, como discapacitado, tullido, minusválido. Describir a los niños con discapacidad con el mismo estatus que a los que no tienen discapacidad. Los niños con discapacidad deben interactuar con los niños sin discapacidad de la mayor manera posible. Permitir que los niños con discapacidad hablen por sí mismos y expresen sus pensamientos y sentimientos. Involucrar a niños con y sin discapacidad en los mismos proyectos y fomentar su participación mutua. Observar a los niños e identificar las discapacidades. La detección precoz de las discapacidades ha pasado a formar parte de la educación infantil. Cuanto antes se detecte una discapacidad en un niño, más eficaz será la intervención y menos grave la discapacidad. Remitir al niño cuya discapacidad se haya detectado, para que se le realice un examen del desarrollo y una intervención precoz. Adaptar las lecciones, el material didáctico y el aula a las necesidades de los niños con discapacidad. Utilizar medios como la letra grande, sentar al niño en la parte delantera de la clase y hacer el aula accesible para el niño con una discapacidad motriz. Integrar ideas positivas sobre las discapacidades en el trabajo en clase, en los juegos de los niños y en otras actividades. Sensibilizar a los padres, a las familias y a los tutores sobre las necesidades especiales de los niños con discapacidad. Hablar con los padres tanto en reuniones como individualmente.

Privatización/comercialización de la educación

 

Los valores sociales de la educación exigen que el Estado proteja al sector educativo de la agenda neoliberal de privatización y comercialización. Esta agenda negativa incluye la comercialización y el comercio de la educación y la propiedad intelectual, la precarización del empleo en el sector educativo, la aplicación de modelos de gestión del sector privado en las instituciones educativas, la privatización de la prestación, el uso de Organizaciones No Gubernamentales para desarrollar y aplicar políticas educativas y la intrusión de motivos lucrativos o intereses empresariales en la gobernanza de las instituciones educativas. Hay que tomar nota de las tendencias globales hacia la comercialización y la competencia en la fraternidad educativa, ya que amenazan con comprometer la calidad y la equidad. Creemos firmemente que los servicios prestados en interés público, como la educación, no deben estar sujetos a las normas comerciales de los tratados comerciales.


Fomento de las lenguas indígenas para la enseñanza y el aprendizaje


 Existe una necesidad urgente de multilingüismo para promover y profundizar la cohesión social y la construcción nacional en Sudáfrica. Abogamos por el uso de las lenguas autóctonas, tal y como ha resuelto la UNESCO, en el sentido de que negar a los alumnos el aprendizaje en su lengua materna es negarles el acceso al conocimiento, lo que se suma a la elevada tasa de fracaso escolar.


Condiciones de trabajo


 Hemos expresado nuestra decepción y nuestro desagrado ante la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre el aumento salarial y las negociaciones salariales en curso. Nos preocupa enormemente que la sentencia tenga consecuencias adversas para el futuro de la negociación colectiva y el compromiso del Estado de respetar los convenios colectivos. El Estado debe encontrar una solución amistosa para que las condiciones de trabajo sean propicias, de modo que los profesores puedan impartir el plan de estudios a los alumnos para que desarrollen su potencial.


Educación sobre el cambio climático


En Sudáfrica, la educación sobre el cambio climático es deficiente, especialmente entre los países más responsables de los niveles actuales de gases de efecto invernadero. En este contexto, es necesaria una acción urgente entre las partes interesadas en la educación y el clima para integrar el sector de la educación y la política climática y la toma de decisiones para posicionar a la fuerza de trabajo de la educación como parte interesada en el clima y fortalecer la capacidad de los sistemas educativos para participar en la acción climática.


Discriminación de género

Integrar la sensibilización en materia de género y la educación en derechos humanos a todos los niveles en los planes de estudio, incluyendo la formación del profesorado. Abordar las expectativas estereotipadas de género en la educación ofreciendo a niños y niñas las mismas oportunidades de acceso a las ciencias, las matemáticas, la tecnología, los deportes y todos los demás campos de estudio. Además, tanto los niños como las niñas deberían tener igual acceso a la salud (incluyendo la salud reproductiva) y a la educación sexual.

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i UNESCO, Banco Mundial: Education Finance Watch 2022, Estadísticas de las Naciones Unidas.

ii Ibid.

iii Foro Económico Mundial (2022), Catalyzing Education 4.0 Investing in the Future of Learning for a Human-Centric Recovery.

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La Campaña Mundial por la Educación (CME) es un movimiento de la sociedad civil cuyo objetivo es acabar con la exclusión en la educación. La educación es un derecho humano básico, y nuestra misión es asegurarnos de que los gobiernos actúen ahora para hacer realidad el derecho de todos a una educación pública, gratuita y de calidad.