One Billion Voices: Manifiesto político

Campaña Mundial por la Educación (CME) One Billion Voices: Manifiesto político

La campaña ‘One Billion Voices’ (Millones de Voces) dirigida por la CME, tiene como objeto suministrar una manera de abordar urgentemente la falta de financiación de la educación, agravada por la pandemia de covid-19, que también empeora el progreso de toda la agenda de desarrollo sostenible y, concretamente, el ODS4.

Financiación interna para la educación

La ley internacional de derechos humanos establece obligaciones que los Estados están obligados a respetar. Los Estados son los obligados en virtud de la ley internacional de derechos humanos y tienen la principal responsabilidad por la provisión directa del derecho a la educación. Como todos los derechos humanos, la educación impone tres niveles de obligación a los Estados: respetar, proteger y garantizar el derecho a la educación.

  • La obligación de respetar requiere que los Estados eviten medidas que dificulten o impidan el disfrute del derecho a la educación.
  • La obligación de proteger requiere que los Estados tomen medidas que eviten que terceras partes interfieran con el disfrute del derecho a la educación.
  • La obligación de garantizar significa que los Estados deben tomar medidas positivas para habilitar y ayudar a individuos y comunidades a disfrutar el derecho a la educación.

Según los principios establecidos por la ley internacional de derechos humanos, en especial los artículos 2 y 13 del Convenio internacional sobre derechos económicos, sociales y culturales, los Estados deben garantizar que se destina a la educación la máxima cantidad de recursos y que esta financiación sea progresiva. Sin recursos financieros que hagan posible cubrir los gastos asociados con el funcionamiento de los sistemas educativos, la provisión de la educación es sencillamente imposible.

La comunidad internacional ha llegado a acuerdos respecto a marcos políticos bajo la UNESCO, reflejados recientemente en la Declaración y Marco para la acción de Incheon, que junto a la Agenda de Desarrollo Sostenible (ODS4) propone una serie de objetivos prioritarios que requieren financiación, como condición para su implementación. En otras palabras, estos objetivos requieren una inversión pública suficiente y adecuada para su realización.

Los recursos internos siguen siendo la fuente más importante de financiación de la educación, suponiendo alrededor del 97 % de la financiación total de la educación en todo el mundo. Debe existir un compromiso claro por parte de los Estados por ofrecer una financiación igualitaria correspondiente a las prioridades, necesidades y capacidades educativas nacionales, para hacer avanzar la progresiva realización del derecho a la educación. El presupuesto nacional debe tener la sensibilidad de responder a los más pobres y marginados para contrarrestar la desigualdad, la discriminación y la exclusión en educación. Es sabido que los grupos más marginados son a menudo los que menos recursos reciben. Asignando un presupuesto progresivo a las comunidades más desaventajadas, el Estado debe garantizar también que pueden alcanzarse otros objetivos relacionados con la calidad del aprendizaje, la formación de los profesores, el acceso a activos culturales y el aprendizaje de por vida, entre otros.

El cumplimiento con los ODS implica un aumento progresivo de la inversión. Las principales estimaciones sugieren un requisito general anual de financiación pública adicional equivalente al 27 % del PIB en países de bajos ingresos y un 7 % en países de ingresos medios. La educación supone alrededor de un quinto de este requisito en países de bajos ingresos y un tercio en países de ingresos medios. El requisito de financiación adicional se estima en 1,4 billones USD anualmente[1].

El incremento y la mejora de la financiación interna para la educación requiere también la mejora de mecanismos democráticos de monitoreo del gasto democrático. Las comunidades y la ciudadanía en general tienen el derecho de controlar la gestión gubernamental en diferentes etapas del ciclo presupuestario y a diferentes niveles. Este es un principio primordial de la rendición de cuentas que debe ser promocionado.

El marco 4S se utiliza para discutir hasta qué punto la ley es consistente con el Marco para la acción de Incheon 2030: la partida (share) de los presupuestos nacionales que se dedica a la educación; el tamaño (size) de los presupuestos; la sensibilidad del gasto público en educación, y el escrutinio (scrutiny) de sus presupuestos en educación[2].

La Declaración y el Marco para la acción de Incheon piden a los estados:

  • asignar al menos del 4 al 6 % del producto interior bruto (PIB) a la educación y/o
  • asignar al menos del 15 al 20 % del gasto público a la educación.

La garantía y progresividad de la financiación pública de la educación es la principal garantía para el acceso a oportunidades educativas y el recurso más efectivo para luchar contra en crecimiento de la privatización de la educación, que puede aprovecharse de las brechas institucionales para enriquecer a pequeños sectores de la población a costa de otros.

La financiación pública está relacionada con las capacidades económicas y financieras de los estados, su producción bruta y sus estrategias institucionales, que se basan fundamentalmente en la recaudación de impuestos, la inversión social y el control del gasto público. Por lo tanto, la tributación es fundamental para obtener los recursos necesarios para la educación, por lo que es crucial que los Estados adopten marcos de justicia fiscal, donde la carga caiga sobre los sectores más ricos.

Son necesarias unas sustanciosas reformas fiscales para aumentar el tamaño del presupuesto gubernamental general, así como la partida del presupuesto dedicada a la educación.

La CME considera que la única forma práctica y realista de que los países gestionen estas presiones encontradas sobre los presupuestos gubernamentales es maximizando los ingresos disponibles creando sistemas impositivos internos progresivos y ampliados, revisando los acuerdos de impuestos y royalties en el sector corporativo, especialmente el sector de los recursos naturales, y el cierre de lagunas legales que permiten la elusión y la evasión de impuestos por parte del sector privado, a través de los cuales los países en desarrollo pierden 138 000 millones USD al año.

Los Estados deben aumentar su base impositiva para permitir un aumento de los recursos internos disponibles para los servicios públicos, incluida la educación. Los Estados deben también examinar nuevas fuentes de impuestos y trabajar para lograr una tasa mínima de impuesto a PIB, del 20 %.

La CME cree firmemente que pagar los impuestos justos es una obligación moral y un prerrequisito para aquellos actores privados que desean contribuir al debate sobre políticas educativas. El fondo Monetario Internacional (FMI) sugiere que la mayoría de países podría incrementar sus tasas de impuesto a PIB en un 5 % a medio plazo (de 3 a 5 años) y la CME cree que todos los países deberían desarrollar estrategias ambiciosas para hacerlo empleando impuestos justos y progresivos.

La asignación de recursos financieros internos para pagar el servicio de la deuda en lugar de garantizar a las personas sus derechos humanos básicos, influirá significativamente en el desarrollo de esos países a corto y largo plazo si no se actúa urgentemente para aliviar o cancelar la deuda. Las evidencias recientes sugieren que el fracaso de la comunidad internacional a la hora de proporcionar un alivio de la deuda a los países cuyos recursos financieros han sido asignados a luchar contra la pandemia de covid-19, ha obligado a muchos países a recortar los presupuestos públicos. Los análisis revelan que 40 de 80 países han implementado “recortes de gasto por valor del 2,6 por ciento del PIB, en 2020” (Munevar’s 2020:1).

Con el objeto de liberar recursos internos para que estén disponibles para aumentar la inversión en servicios públicos, en especial educación gratuita, pública e inclusiva para todos, la CME reclama:

  • La urgente cancelación de la deuda para los países menos desarrollados y de menor desarrollo;
  • el alivio de la deuda para países de ingresos medios y países de ingresos medio-altos;
  • y permutas de deuda sujetas a acuerdos firmados por los países para invertir en educación, para países con ingresos medios y altos con estrés por deuda;
  • un nuevo compromiso o convenio de acreedores y deudores para requerir plena transparencia en el acuerdo de futuros préstamos.
Ayuda multilateral y bilateral

De acuerdo con la Declaración de París sobre la efectividad de la ayuda, adoptada en 2005 y reafirmada en Accra en 2008, un nuevo nivel de gobernanza económica supranacional por encima del Banco Mundial y los bancos de desarrollo regional, garantiza que los países en desarrollo tienen la oportunidad de acceder a una ayuda internacional a la educación predecible. Este marco también es consistente con los compromisos realizados por muchos países desarrollados para alcanzar el objetivo del 0,7 por ciento del producto nacional bruto (PNB) para AOD a países en desarrollo.

A pesar de estas obligaciones claras, en 2017 la UNESCO señaló que la ayuda a la educación se estaba estancando y no llegaba a los países con más necesidad desde que la ayuda oficial al desarrollo (AOD) aumentó de 145 000 millones USD a 152 000

millones USD en 2015, un aumento del 5 % en términos reales. Este crecimiento se explica en parte por las crisis migratorias y de refugiados en Europa, que llegaron a su pico en 2015. No obstante, el aumento acumulativo de AOD entre 2010 y 2015 fue del 25 %. No obstante, aunque la ayuda general aumentó, se informaba del estancamiento de la ayuda a la educación[3].

Según la AME, la financiación de la educación entre países donantes del Comité de ayuda al desarrollo (CAD) de la OCDE, ha disminuido significativamente desde su pico en 2010, desde 8100 millones USD a 7600 millones USD, o un 6 %, y la mayoría de la financiación fue a parar a la educación postsecundaria[4].

La CME recomienda mejorar la efectividad de la ayuda a través de la Alianza Mundial por la Educación y el fondo de La Educación no puede esperar para tener una mejor coordinación y armonización, especialmente en situaciones de emergencia, donde el impacto de la pandemia de covid-19 se ha sentido con más gravedad y la educación se ha visto interrumpida por conflictos armados, desplazamientos forzados, desastres inducidos por el cambio climático y crisis prolongadas. Con una financiación puntual y predecible de muchos donantes desde su fundación en 2016, la ECW ha llegado a casi 3,5 millones de niños y jóvenes a finales de 2019 en 30 de las peores crisis humanitarias del mundo, pero se necesitan otros 300 millones USD para apoyar la respuesta de la ECW a la educación en la emergencia de la pandemia de covid-19 en crisis continuadas.

Los donantes multilaterales y bilaterales de la educación deben continuar dedicando fondos a la educación. La CME considera que la AME debe jugar un papel de liderazgo en el incremento de la financiación a la educación de la primera infancia incrementando la financiación de la educación inclusiva de la discapacidad y preescolar para todos los países con necesidades. La GCE apoya el proceso de reabastecimiento de la AME que pretende garantizar al menos 5000 millones USD y pide a los donantes que se comprometan a ello. La CME considera también que la ayuda multilateral y de donantes debe evitar toda forma de endeudamiento de países de ingresos bajos y medios, muchos de los cuales se encuentran en un estrés de deuda alto o moderado, y hacerlo en un momento en de creciente vulnerabilidad por la deuda, como documentan actores de la sociedad civil y el FMI. Los mecanismos de préstamo no proporcionan fuentes de financiación predecibles y sostenibles que ayuden a los gobiernos a realizar inversiones a largo plazo necesarias para mejorar la educación.

Como respuesta al contexto político en relación a la financiación de la educación y la covid-19, la Campaña Mundial por la Educación ha desarrollado la campaña One Billion Voices (Millones de Voces) que se presentará el 25 de enero de 2021. La campaña cuenta con una Llamada a la acción de recomendaciones políticas que, si como ciudadanos y actores de la educación, seguimos, nos ayudarán a lograr el urgente cambio que es necesario.

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[1] Shiroya, Naoko and Browne, Marcela. C20 informe de las organizaciones de la sociedad civil. 2019.

[2] El plan 4S fue propuesto conjuntamente por CME-Action Aid y IE. Véase Pérez Murcia, Luis Eduardo. Leyes de financiación de la educación. Promesas y deficiencias a la hora de garantizar el derecho a la educación para todos. Serie de resúmenes de políticas. CME marzo de 2020, y: https://www.campaignforeducation.org/en/2016/03/29/financing-matters-a-toolkit-on-domestic-financing-for-education-global-campaign-for-education-education-international-and-actionaid-2016/

[3] https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000249568

[4] https://www.globalpartnership.org/blog/how-do-donors-support-global-education-findings-deep-dive-education-aid