Llamado a la acción de mil millones de voces

One Billion Voices:
Una llamada a la acción para mejorar e incrementar la financiación pública para la educación

La campaña ‘One Billion Voices’ (Millones de Voces) dirigida por la Campaña Mundial por la Educación tiene como objeto ofrecer una forma de abordar urgentemente la crisis educativa global provocada por la pandemia de covid-19 u garantizar una mejora y un incremento en la financiación pública para la educación. Durante el pico de la pandemia covid-19, se calcula que unos 1500 millones de estudiantes vieron cómo se detenía o interrumpía su educación[1]. Los sistemas educativos continúan enfrentándose a una crisis devastadora, los retos que rodean la financiación pública y la siempre creciente presión sobre los recursos para los servicios públicos, tienen como resultado una menor prioridad de la educación. Aunque algunos estudiantes han regresado a la escuela, la pandemia de covid-19 ha empeorado la exclusión digital de muchas comunidades y muchos grupos especialmente vulnerables y marginadas, incluyendo las niñas y niños con discapacidades.

El mundo se enfrenta a un punto en el que ha comenzado la inversión sísmica en el progreso significativo en la educación de las últimas décadas, que tiene un efecto devastador en el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4 de la educación de calidad, además de muchos de los otros Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que deben alcanzarse para 2030. Además, el Banco Mundial prevé un recorte potencial del 10 % en los presupuestos educativos debido a la pandemia de covid-19[2]. Las medidas de austeridad no son una salida para una crisis económica, las instituciones multilaterales deben apoyar la inversión en lugar de la austeridad, para habilitar servicios sociales, incluyendo la educación, que deben ser las últimas áreas que sufran recortes.

Esta Llamada a la acción ofrece un grupo de recomendaciones políticas para su uso por parte del movimiento de la Campaña Mundial por la Educación y actores y activistas dedicados a la educación, para guiar nuestra labor de defensa y de presión coordinada y colaborativa durante el próximo año, para lograr una mejora y un aumento de la financiación pública para la educación. Si elevamos millones de voces por la educación y permanecemos juntos como movimiento global, podemos y lograremos un aprendizaje de por vida para todos.

  1. Los Estados deben aumentar y mejorar la financiación interna para la educación

Los Estados deben cumplir sus compromisos sobre financiación interna adquiridos en el Marco para la acción 2030 de Incheon, para proteger el progreso realizado hacia el logro del ODS4. Los recursos internos siguen siendo la fuente más importante de financiación de la educación,

suponiendo alrededor del 97 % de la financiación total de la educación[3]. Debe existir un compromiso claro por parte de los Estados por ofrecer una financiación igualitaria correspondiente a las prioridades, necesidades y capacidades educativas nacionales, para hacer avanzar la progresiva realización del derecho a la educación. El presupuesto nacional debe tener la sensibilidad de responder a los más pobres y marginados para contrarrestar la desigualdad, la discriminación y la exclusión en educación. Es sabido que los grupos más marginados son a menudo los que menos recursos reciben. Asignando un presupuesto progresivo a las comunidades más desaventajadas, el Estado debe garantizar también que pueden alcanzarse otros objetivos relacionados con la calidad del aprendizaje, el desarrollo profesional de los profesores, el acceso a activos culturales, la educación en ciudadanía global y el aprendizaje de por vida.

El incremento y la mejora de la financiación interna para la educación requiere también la mejora de mecanismos democráticos de monitoreo del gasto democrático. Las comunidades y la ciudadanía en general tienen el derecho de controlar la gestión gubernamental en diferentes etapas del ciclo presupuestario y a diferentes niveles. Este es un principio primordial de la rendición de cuentas que debe ser promocionado.

La CME urge el compromiso con acuerdos internacionales existentes y una urgente adherencia al siguiente punto de referencia internacional para la financiación interna de la educación:

  • asignar al menos del 4 al 6 % del producto interior bruto (PIB) a la educación y/o
  • asignar, al menos, del 15 al 20 % del gasto público a la educación.

Los Estados deben mejorar el monitoreo y la planificación financiera, incluyendo la difusión de información para el seguimiento del gasto y los resultados, y aumentar la rendición de cuentas sobre lo que se gasta. Los Estados deben hacer públicamente disponibles los presupuestos de educación de un modo que permita a las OSC monitorear y hacer un seguimiento de presupuestos y gastos en educación. Para ayudar a permitir esto, hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que apoye el desarrollo y lanzamiento de un nuevo observatorio internacional de la financiación para educación.

  1. Los Estados deben aumentar su base impositiva para aumentar los recursos internos disponibles para la educación y otros servicios públicos

Son necesarias unas sustanciosas reformas fiscales para aumentar considerablemente el tamaño del presupuesto gubernamental general, así como la partida del presupuesto dedicada a la educación proporcionalmente. La CME considera que la única forma práctica y realista de que los países gestionen estas presiones encontradas sobre los presupuestos gubernamentales es maximizando los ingresos disponibles creando sistemas impositivos internos progresivos y ampliados, revisando los acuerdos de impuestos y royalties en el sector corporativo,

especialmente el sector de los recursos naturales, y el cierre de lagunas legales que permiten la elusión y la evasión de impuestos por parte del sector privado, a través de los cuales los países en desarrollo pierden 138 000 millones USD al año[4].

Los Estados deben aumentar su base impositiva para permitir un aumento de los recursos internos disponibles para los servicios públicos, incluida la educación. Los Estados deben también examinar nuevas fuentes de impuestos y trabajar para lograr una tasa mínima de impuesto a PIB, del 20 %.

La CME cree firmemente que pagar los impuestos justos es una obligación moral y un prerrequisito para aquellos actores privados que desean contribuir al debate sobre políticas educativas. El FMI sugiere que la mayoría de países podría incrementar sus tasas de impuesto a PIB en un 5 % a medio plazo (de 3 a 5 años) y la CME cree que todos los países deberían desarrollar estrategias ambiciosas para hacerlo empleando impuestos justos y progresivos.

  1. Debe actuarse urgentemente respecto al servicio de la deuda, incluyendo la cancelación de la deuda para los países menos desarrollados

La asignación de recursos financieros internos para pagar el servicio de la deuda en lugar de garantizar a las personas sus derechos humanos básicos, influirá significativamente en el desarrollo de esos países a corto y largo plazo si no se actúa urgentemente para aliviar o cancelar la deuda. Las evidencias recientes sugieren que el fracaso de la comunidad internacional a la hora de proporcionar un alivio de la deuda a los países cuyos recursos financieros han sido asignados a luchar contra la pandemia de covid-19, ha obligado a muchos países a recortar los presupuestos públicos. Los análisis revelan que 40 de 80 países han implementado “recortes de gasto por valor del 2,6 por ciento del PIB, en 2020”[5].

Con el objeto de liberar recursos internos para que estén disponibles para aumentar la inversión en servicios públicos, en especial educación gratuita, pública e inclusiva para todos, la CME reclama:

  • La urgente cancelación de la deuda para los países menos desarrollados y de menor desarrollo;
  • el alivio de la deuda para países de ingresos medios y países de ingresos medio-altos;
  • y permutas de deuda sujetas a acuerdos firmados por los países para invertir en educación, para países con ingresos medios y altos con estrés por deuda;
  • un nuevo compromiso o convenio de acreedores y deudores para requerir plena transparencia en el acuerdo de futuros préstamos.
  1. Los Estados deben garantizar que los sistemas educativos promuevan la equidad, la igualdad y un enfoque en los más marginados

Para que la educación contribuya y cumpla con los principios de la Agenda de Desarrollo Sostenible de “no dejar a nadie atrás”, las instituciones educativas deben ser inclusivas y promover activamente la equidad y la igualdad. Esto implica que las barreras que excluyen a algunos estudiantes del acceso a la educación o que impiden su éxito una vez que están en la escuela, deben abordarse en todos los aspectos de la vida social y escolar. Como señala el Reportador especial de ONU sobre el derecho a la educación, Mdme Koumba Boly Barry: “Los procesos igualitarios deben ir más allá de garantizar un acceso igualitario para todos y garantizar que los estudiantes individuales reciben el apoyo que necesitan para tener éxito, de acuerdo a sus circunstancias personales. La educación inclusiva busca garantizar que todos los estudiantes, independientemente de sus trasfondos lingüísticos y culturales, capacidades físicas y mentales, u otras características personales, aprenden juntos en un entorno favorecedor y estimulante”. Los adultos sin oportunidades educativas también necesitan respuestas efectivas por parte de los sistemas educativos.

El gasto en educación pública debe cubrir todos los niveles y modalidades y enfocarse en garantizar el acceso y un aprendizaje de calidad para los más marginados, incluyendo estudiantes en contextos de conflictos y desastres, refugiados, las llamadas castas menores, pueblos indígenas, personas en áreas remotas, niñas, y personas con discapacidades.

A pesar de ser prioritaria para niños, jóvenes y sus familias, la educación en emergencias suele ser ignorada en las operaciones de alivio y recuperación. Esto ha resultado evidente en los planes de respuesta ante la covid-19 en todo el mundo. La educación y el aprendizaje deben ser una prioridad en los planes de emergencia, y deben financiarse en su totalidad. Desde 2010, menos del 2 % de la financiación humanitaria se ha dedicado a la educación[6].

Los Estados deben abordar específicamente los derechos de las niñas cuando distribuyan fondos para educación y diseñen sistemas educación y planes del sector. La pandemia de covid-19 ha conducido a tasas alarmantes de matrimonios infantiles y violencia de género, lo que actúa como barrera para que las niñas regresen a la escuela.

  1. Los Estados deben suministrar una educación gratuita de calidad para todos y acaben con la tendencia hacia la privatización y comercialización de la educación

La CME urge a la finalización de la tendencia hacia el incremento de la privatización y comercialización de la educación que surgió antes de la pandemia de covid-19 y se ha acelerado desde entonces.

Existen distintos tipos de escuelas privadas y, en muchos casos, están sujetas a distintas regulaciones internas, dependiendo del propósito de su actividad. Existen diferencias, por ejemplo, entre escuelas sin ánimo de lucro dirigidas por ONG, escuelas con financiación público-privada, organizaciones basadas en una fe, iniciativas dirigidas por la comunidad, y establecimiento y cadenas comerciales.

La creciente privatización de la educación es un fenómeno global. Según la Organización Mundial del Comercio, en todos los miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​), para los que existen datos comparables, la financiación privada de instituciones educativas representa alrededor del 15 por ciento de todo el gasto, mientras que, en más de la mitad de los países en desarrollo, el gasto privado supone más del 10 por ciento del total del gasto en educación, con importantes variaciones. Hoy en día, las instituciones privadas albergan alrededor del 30 por ciento de todos los estudiantes en la educación superior en todo el mundo[7].

La CME considera que la financiación pública debe siempre tener el objetivo de fortalecer los sistemas educativos públicos y gratuitos, tal como se establece en la ley de derechos humanos, y todas las instituciones privadas deben ser rigurosamente reguladas en virtud de las leyes nacionales, especialmente las llamadas «escuelas privadas de bajo coste», que acumulan numerosas quejas por prácticas de explotación laboral, discriminación, falta de transparencia y fracaso a la hora de cumplir los estándares nacionales de educación, salud y seguridad.

La CME cree que la creciente privatización y comercialización en, y de, los sistemas educativos, ha empeorado la desigualdad en la educación, ha profundizado una mayor desigualdad económica, amenazado el progreso hacia una educación de calidad para todos y ha minado la consecución de una educación pública de calidad. La CME considera que la expansión de la educación lucrativa y de pago está contribuyendo a incrementar la desigualdad y la exclusión en los sistemas educativos, mientras se desvían los muy necesarios fondos del sector público, que podrían lograr metas de universalidad, equidad y calidad, y como tal, esta tendencia debe invertirse.

El Estado debe desalentar a la privatización y las alianzas público-privadas en educación. La CME pide que el vínculo entre calidad y privatización se cuestione e investigue en mayor medida y que las escuelas privadas rindan cuentas de los mismos estándares que las escuelas ordinarias y se controlen del mismo modo.

  1. Los Estados deben mejorar la calidad de la docencia a través de procesos de selección y remuneración adecuados, y una formación continua del profesorado

Los Estados deben revisar, analizar y mejorar la calidad de la formación del profesorado (antes

del servicio y durante el servicio) y proporcionar a todos los profesores una educación previa de calidad y un desarrollo y apoyo continuo profesional, incluyendo orientación sobre el uso de tecnología con propósitos educativos.

La pandemia de covid-19 suponen un desafío para los sistemas públicos y la profesión docente se ha encontrado al frente de la respuesta, liderando el camino para encontrar e implementar soluciones creativas e innovadoras y crear nuevos entornos de aprendizaje para sus estudiantes. Han sido vitales en guiar a estudiantes y comunidades a través de una crisis sin precedentes para lograr la agenda ODS4. Sin embargo, la movilización de profesores para superar el desafío, está totalmente desconectada de las difíciles condiciones laborales, la falta de medios, apoyo y reconocimiento que los profesores han experimentado, incluso antes de la pandemia.

En todo el mundo, los profesores se han tenido que adaptar y dar clase online, careciendo a menudo de la formación y las herramientas básicas de tecnologías de la información y comunicación (TIC). Los profesores, la mayoría de los cuales son mujeres, se enfrentaron a las crecientes injusticias y desigualdades que ha traído la pandemia cuando muchos hogares carecían de la tecnología y conectividad que permitiera a los estudiantes aprender online, y muchos estudiantes quedaron atrás en sus resultados. Según la UNESCO, a nivel global alrededor del 50 y el 43 % de los estudiantes respectivamente, carecen de computadoras e internet en casa[8]. Y una reciente encuesta global a profesores realizada por ActioAid mostró que, aunque la mayoría de escuelas (81 %) tomaron alguna medida para el aprendizaje a distancia, el 76 % de los profesores afirmaron que menos de la mitad de sus alumnos pudieron seguir las lecciones.

En cuanto que los profesores son una condición fundamental para garantizar una educación igualitaria y de calidad, profesores y educadores deben ser empoderados, seleccionados y remunerados adecuadamente, motivados, cualificados profesionalmente, y apoyados con sistemas con buenos recursos, eficientes y gobernados con efectividad.

En términos de financiación para los profesores, el mayor obstáculo al que se enfrentan los países que quieren contratar más profesores o pagarles más, es el consejo político del FMI que insta a los países a congelar o recortar la nómina del sector público (en el 78 % de los países en los últimos 3 años). Los profesores son el mayor grupo de la mayoría de nóminas y en la mayoría de presupuestos de educación, más del 90 % del dinero se dedica a los profesores. El gasto en educación no puede aumentarse sin aumentar el gasto en los profesores. La solución está en que todos los gobiernos releguen este consejo político coercitivo e inviertan en los trabajadores del sector público como parte fundamental del apoyo a la recuperación económica posterior a la covid-19, así como para el suministro de la educación, la sanidad y otros ODS. Las limitaciones a las nóminas salariales del sector público deben eliminarse.

  1. Los países desarrollados deben continuar trabajando hacia el objetivo del 0,7 % de ayuda al exterior, con un 20 % de ello dedicado a la educación y que aumenten sus aportaciones a la Alianza Mundial por la Educación y La Educación no puede esperar

La CME reconoce que la realización de todos los compromisos relacionados con la ayuda oficial al desarrollo (AOD) es fundamental, incluyendo los compromisos de muchos países desarrollados con alcanzar el objetivo del 0,7 por ciento del producto nacional bruto (PNB) para la AOD a países en desarrollo. De acuerdo con sus compromisos, la CME insta a los países desarrollados que aún no lo hayan hecho, realizar un esfuerzo adicional hacia el objetivo del 0,7 por ciento del PNB para la AOD para países en desarrollo, y dedicar el 20 % de la ayuda a la educación para asegurar una financiación puntual y predecible para lograr el ODS4. La CME recomienda mejorar la efectividad de la ayuda a través de la Alianza Mundial por la Educación y el fondo de La Educación no puede esperar para tener una mejor coordinación y armonización, especialmente en situaciones de emergencia, donde el impacto de la pandemia de covid-19 se ha sentido con más gravedad y la educación se ha visto interrumpida por conflictos armados, desplazamientos forzados, desastres inducidos por el cambio climático y crisis prolongadas. Los donantes multilaterales y bilaterales de la educación deben continuar dedicando fondos a la educación.

La CME considera que la AME debe jugar un papel de liderazgo en el incremento de la financiación a la educación de la primera infancia incrementando la financiación de la educación inclusiva de la discapacidad y preescolar para todos los países con necesidades. One Billion Voices apoya el proceso de reabastecimiento de la AME que pretende garantizar al menos 5000 millones USD y pide a los donantes que se comprometan a ello.

Con una financiación puntual y predecible de muchos donantes desde su fundación en 2016, la ECW ha llegado a casi 3,5 millones de niños y jóvenes a finales de 2019 en 30 de las peores crisis humanitarias del mundo, pero se necesitan otros 300 millones USD para apoyar la respuesta de la ECW a la educación en la emergencia de la pandemia de covid-19 en crisis continuadas.

La CME considera también que la ayuda multilateral y de donantes debe evitar toda forma de endeudamiento de países de ingresos bajos y medios, muchos de los cuales se encuentran en un estrés de deuda alto o moderado, y hacerlo en un momento en de creciente vulnerabilidad por la deuda, como documentan actores de la sociedad civil y el FMI. Los mecanismos de préstamo no proporcionan fuentes de financiación predecibles y sostenibles que ayuden a los gobiernos a realizar inversiones a largo plazo necesarias para mejorar la educación.

La CME también está preocupada por la fragmentación de la financiación internacional de la educación, que ha llevado a la comunidad internacional muchos años crear como una arquitectura global armonizada, y nos preocupa el papel de los bancos multilaterales como impulsores de la reforma educativa, considerando su historial de falta de transparencia, dedicación efectiva y apoyo a los sistemas educativos públicos.

  1. Los Estados deben escuchar y responder a las voces de los afectados y ofrecer espacios seguros para que hablen los individuos y la sociedad civil

Los Estados y la comunidad internacional deben escuchar a los afectados, escuchar sus voces y responder. Esto incluye a profesores, estudiantes, padres/madres y voluntarios comunitarios. Más de 1000 millones de individuos han perdido su aprendizaje debido a la pandemia de covid-19. 1000 millones de individuos son 1000 millones de voces que merecen expresar lo que les ha sucedido y lo que debe suceder ahora. La CME está comprometida a trabajar duro para llegar a tanta gente afectada como sea posible y ayudar a elevar sus voces y sus experiencias para movilizar la acción necesaria para abordar la mayor crisis educativa de la historia. La CME está aquí para ayudar a fortalecer la red global comunitaria para la educación. Es fundamental que la sociedad civil, individuos y activistas tengan un espacio y una oportunidad de solicitar de forma segura la provisión del derecho humano a la educación[9].

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[1] UNESCO, 2020, https://en.unesco.org/news/learning-never-stops-tell-unesco-how-you-are-coping-covid-19-school-closures-0

[2] Informe político del Banco Mundial, mayo de 2020 http://pubdocs.worldbank.org/en/734541589314089887/Covid-and-Ed-Finance-final.pdf

[3] Comisión de educación: La generación de aprendizaje, https://report.educationcommission.org/report/

[4] Devex, un sistema fiscal global justo, https://www.devex.com/news/a-fair-global-tax-system-is-imperative-for-development-experts-say-90448

[5] Munevar’s 2020:1

[6] La Educación no puede esperar, 2018, https://www.educationcannotwait.org/the-situation/

[7] Grupos de datos de la OCDE sobre el gasto en educación https://data.oecd.org/eduresource/spending-on-tertiary-education.htm

[8] Informe de la UNESCO sobre el día Mundial del Profesor https://en.unesco.org/sites/default/files/wtd-2020-overview-en.pdf

[9]Esta llamada a la acción ha sido desarrollada por y para el movimiento de la Campaña Mundial por la Educación, sus socios y activistas por la educación; apoya y reafirma la llamada a la acción de diez puntos sobre financiación interna de la educación después de la covid-19, firmada por 190 organizaciones de 55 países.